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05 de Enero de 2017
Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia - Buenos Aires

Contra la baja de edad de imputabilidad

El Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia se pronuncia contra la baja de edad de imputabilidad y reclama como lo viene haciendo desde su constitución en 2001 por un régimen penal juvenil propio de un estado de derecho, derogando el instaurado por la dictadura militar.
En nuestro país, de hecho, no hay edad de imputabilidad. Muchas jurisdicciones del país (con honrosas excepciones) privan de libertad a niños de 14 y 15 años –o menos- aún por delitos leves y por tiempo indeterminado. Según el relevamiento de UNICEF y la Secretaría Nacional de Infancia y Adolescencia del 2015 había 82 chicos presos desde los 13 a los 15 años. Por lo visto la baja no sirve, al menos así voto el pueblo uruguayo en el reciente plebiscito. Aumentar la prisión a temprana edad, no soluciona la inseguridad, la agrava.
Las niñas, niños y adolescentes (NNyA) son más bien víctimas de la inseguridad cuya raíz encuentra otros fundamentos, por ejemplo, el accionar de la policía,  que en lugar de prevenir y perseguir las redes de narcocrimanalidad, suele ser cómplices de las mismas, como por ejemplo en el caso Arruga.
El abordaje de los NNyA menores de 16 años, debe estar a cargo del Sistema de Protección de Derechos, artículos 32 y sucesivos de la ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA, con las numerosas intervenciones allí previstas, y que pocas veces existen. En lugar de gastar más recursos en prisiones, los mismos se deberían destinar a fortalecer este sistema, respetuosos de los Derechos Humanos y mucho más eficiente que “la resocialización” carcelaria.
La Argentina fue condenada en 2 oportunidades por el máximo organismo judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a modificar su sistema penal juvenil, primero con el caso Bulacio en el 2003 y luego por el caso Mendoza en el 2013, este último por ser el único país de la región en aplicar penas de prisión perpetua a menores de edad.
No es con mano dura como se debería terminar con la delincuencia, sino con mano justa y ello implica un equilibrio entre los derechos de la víctima y el victimario menor edad, como algunas leyes procesales penales del país lo prevén. Para tal fin la nueva ley nacional debe crear y financiar instituciones  propias de la justicia restaurativa, como la remisión, la mediación y la suspensión de juicio a prueba,  y para los no punibles un correcto abordaje profesional que repare, en lugar de encerrar.
Pretender culpabilizar a los adolescentes de la falta de políticas de seguridad ciudadana en un año electoral es demagógico, no busca  verdaderas soluciones integrales a un  problema complejo  y estigmatiza  públicamente a los adolescentes y jóvenes. 
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    05 de noviembre del 2015 - 18:30 HS.

    El Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia lanzará la Campaña “La Mesa de la Cocina”

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