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Control social, penalización de la pobreza y privación de libertad son las políticas públicas que aplican los estados de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil hacia los niños, niñas y adolescentes que habitan sus territorios. Es la síntesis de lo que expresaron las delegaciones del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y otras redes de esos países durante una audiencia que se desarrolló en Washington D.C. el pasado martes 28 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la sede de la Organización de los Estados Americanos.

Si bien el Colectivo de Infancia había presentado ante esa Comisión, en marzo de 2007, su informe sobre niños, niñas y adolescentes privados de libertad en Argentina, y el Comité de los Derechos del Niño de Uruguay, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay y la Associação Nacional dos Centros de Defensa da Crianza e do Adolescente de Brasil, a su turno también acudieron previamente a la misma instancia, en el 133° período ordinario de sesiones del organismo interamericano estas coaliciones se presentaron de manera conjunta para informar sobre la situación de los menores de 18 años privados de libertad en la región. Puertas adentro, en sus territorios, estas organizaciones son a su vez redes de organizaciones que trabajan desde la sociedad civil por los derechos de la infancia.

“Existe una gran brecha en el campo de los derechos humanos, entre el posicionamiento internacional que han tenido nuestros países al momento de firmar y ratificar los tratados internacionales de derechos humanos y las realidades que hemos observado en nuestras naciones”, observó Soledad Cáceres, miembro de la Coordinadora de Paraguay. En el caso de Argentina esa distancia es de 14 años, considerando que la Convención sobre los Derechos del Niño se incorporó a la Constitución Nacional en 1994, que en la actualidad aún hay leyes vigentes que no se adecuaron a ese tratado, y que las leyes adecuadas se violan sistemáticamente.

En marzo de 2007, cuando el Colectivo de Infancia presentó su informe, la pobreza entre niños, niñas y adolescentes menores de 13 años ascendía al 40 por ciento en Argentina, y al 63 por ciento —el caso más crítico— en la provincia de Corrientes. El documento señalaba que en el país había más de 20.000 adolescentes privados de libertad; el diez por ciento por causas penales y el resto por situaciones de vulnerabilidad y pobreza. Se denunciaban además condiciones de detención infrahumanas, muertes en institutos y comisarías y vulneraciones de derechos que hoy siguen sucediendo.

“Estamos hablando de cuestiones vinculadas a situaciones de delincuencia —dijo Nora Pulido, del Colectivo de Infancia—, pero entendemos que en realidad el proceso punitivo por parte de los estados excedió ese tema y lo que nosotros vemos a lo largo de estos tiempos es que lo que se ejerce es una penalización de la pobreza en nuestros países”. La coordinadora de la coalición argentina enumeró además tratados y convenios internacionales de Naciones Unidas que, en virtud de los compromisos asumidos por los estados, deberían regir las políticas públicas dirigidas hacia los adolescentes. Todos los peticionantes coincidieron en la necesidad de sistemas de control y monitoreo sobre los centros de detención, y advirtieron que en la actualidad son zonas liberadas, que operan al margen de toda norma y derecho y que las denuncias no se investigan. La impunidad es absoluta.

La brecha que mencionaba Cáceres entre los compromisos asumidos y lo que efectivamente sucede en cada país, es verdaderamente un abismo, e impacta con todo su peso en la vida de los chicos y chicas, condicionándolos y anulando cualquier posibilidad de reinserción social. “En los cuatro países se observa la ausencia de planes y programas socio educativos que tiendan a la reintegración de los adolescentes que están privados de libertad —señaló la especialista—. Observamos además que se registran hechos de malos tratos, apremios ilegales y torturas contra los adolescentes privados de libertad, inclusive hechos de muerte, como sucede en Brasil y Argentina”.

El indebido proceso

Pero además, y antes de ingresar al sistema penal, en la misma puerta del circuito de privación de libertad ya se están violando derechos. “Los jóvenes no tienen una defensa, buena y segura, que les pueda garantizar un proceso justo, un proceso legal”, advirtió el representante de la coalición brasileña, Carlos Nicodemus. Y respecto a esa instancia, dijo también que en sus actuaciones los fiscales ignoran la protección de derechos humanos. “Lo que tenemos son fiscales que trabajan con una perspectiva de acusación profundizando este problema judicial”, añadió. También reparó en la falta de especialización con que opera la justicia, carente de trabajadores sociales, psicólogos y especialistas.

“Las políticas públicas implementadas por nuestros estados en materia de infancia y adolescencia en realidad están imbuidas por una lógica de control social —sostuvo Nora Pulido—. Tiene que haber un desarrollo de garantías hacia esa población, frenando de esa manera la discrecionalidad del estado”. Darío Abdala, miembro de la misma coalición e integrante además de la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) señaló que “la privación de libertad es la principal respuesta que hoy tienen nuestros estados a la hora de enfocar la problemática”, y detalló luego que “los niños, niñas y adolescentes privados de libertad representan el 57 por ciento, en el caso de Uruguay, del total de personas que entran al sistema penal, y el 29 por ciento en el caso de Argentina”.

La excepción como regla

En este marco de situación, Luis Pedernera, representante del Comité de los Derechos del Niño de Uruguay advirtió que “la excepción se convierte en la regla” y que a pesar de la adecuación normativa que se aplicó en los países “sobrevive en las prácticas y en las instituciones el paradigma tutelar, que tiene como premisa principal la judicialización y la institucionalización antes que el desarrollo de políticas preventivas y sociales que afirmen los derechos fundamentales desde los primeros años de los niños”.

Las coaliciones peticionantes de los cuatro países solicitaron a la Comisión Interamericana que “incorpore específicamente la temática de infancia como una especialidad propia y no como una temática que se deriva del estudio de los adultos, donde aparece tangencialmente; que exhorten a los estados a que, para acabar con la violencia institucional, pongan el mayor empeño en el desarrollo de programas y propuestas socio educativas para este sector de la población, y que no sea el encierro por el encierro mismo la única respuesta que se dé”. Fue Pedernera quien resumió estos planteos, y quien expresó un pedido, luego, dirigido a los estados, de que “concreten visitas de la Comisión, para que la Comisión pueda conocer de cerca la situación que nosotros relatamos en esta audiencia”.

Ciudadanía y democracia a medias

“De la misma manera que en la dictadura militar se sancionaba la palabra, la palabra de los niños, niñas y adolescentes continúa limitada y reprimida por los adultos”, sentenció el comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, relator para la niñez en la Comisión Interamericana. “Y por ese miedo que tienen los adultos —prosiguió—, no les quieren dar ningún poder, no los quieren reconocer como ciudadanos”.

Pinheiro fue el primer comisionado que habló en la audiencia e inició su intervención calificando la situación como una “fragilidad del proceso democrático” que atraviesan los cuatro países aludidos.  “Los niños en situación de encierro no conocen la democracia —observó—, aún cuando se han cumplido dos décadas de democracia para algunos países, desde el fin de sus dictaduras”.

El brasileño destacó luego lo pertinente del informe que están elaborando desde la CIDH sobre estándares en justicia penal y anunció que la primera reunión sobre ese tema sería en Paraguay, los 20 y 21 de noviembre próximos. Dijo además que se distribuyó un cuestionario a los países, que también les sería remitido a las ONG, para el acopio de información, cuyo plazo de entrega está previsto para el 2 de diciembre de este año.

“Respecto de Argentina le hemos dado seguimiento a dos situaciones graves —dijo luego el comisionado Florentín Meléndez, al inicio de su intervención—. Una de ellas particularmente grave, única en América Latina, que es el tema de la aplicación de penas perpetuas para adolescentes”. El relator para los derechos de las personas privadas de libertad pidió entonces información sobre ese tema a los peticionantes argentinos, y consultó a los otros por las situaciones en sus países.

Nora Pulido, del Colectivo de Infancia de Argentina hizo un breve repaso: en diciembre de 2007 se informó a la Comisión sobre torturas en el penal de Ezeiza contra dos jóvenes condenados a cadena perpetua; hace cuatro años se pidió la conmutación de las penas que —recordó— son inconstitucionales; y que en virtud de esa violación se hicieron denuncias ante la Corte Suprema de la Nación y ante el Consejo de la Magistratura. Ninguna de esas instancias prosperó. “La única forma que encontramos ahora, para que los chicos puedan salir de esa situación injusta, es la reforma de la ley penal juvenil”, sostuvo la delegada argentina. “Creemos que si este año no se avanza en esta reforma, el año que viene, que es año electoral, va a ser muy difícil”.

“Las potestades que tienen los jueces en este tipo de situaciones son absolutas —resumió Abdala, también de la coalición argentina—. Pueden disponer de ellos sin límites de tiempo, incluso con niños y niñas menores de 16 años que, según nuestro régimen penal vigente, son inimputables. Y todo esto sin condena previa”.